EL PAPEL DEL ESTADO 
En 1993 el gobierno de Carlos Menem, en un paso más de su política de entrega de las riquezas acumuladas por generaciones de argentinos, privatizó Obras Sanitarias. Capitales privados se hicieron cargo de la operación del agua y del enorme beneficio económico resultante. Las súper ganancias obtenidas por Aguas Argentinas desde entonces fueron a engrosar las casas matrices de las empresas multinacionales controlantes de los paquetes accionarios. Prácticas abusivas, coimas a funcionarios (recordar la denuncia, por ejemplo, del viaje al Mundial de Francia 1998 del intendente de Ituzaingó Alberto Descalzo y su secretario de Obras Públicas Carlos Torres, con una invitación de la empresa, cuando se discutía la realización de obras que todavía no se hicieron), y el desprecio absoluto por la vida, fueron signos característicos de la empresa. Aguas Argentinas pudo aumentar las tarifas, aun en épocas de supuesta estabilidad, con la excusa, nuevamente, de hacer obras de mejoramiento de las redes de agua potable y de cloacas. Pero nada de eso pasó. 
Claro, en algún momento la realidad iba a emerger a la superficie, y lo hizo en forma de aguas servidas. La explicación es simple: el abandono de las napas fe áticas como abastecedoras en los hogares de agua potable y, fundamentalmente, la falta de cloacas, generó que los vertidos de deshechos depositados en los llamados pozos negros surgieran como manantiales. 
En cuanto al tema del Riachuelo (incluidos los 1000 días que iba a tardar María Julia Alsogaray para limpiarlo), el gobierno nacional, en la década del noventa, pidió un préstamo de 250 millones de dólares al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del que se ejecutaron 7.762.790 dólares que, junto a otros 45 aportados por el estado, se gastaron en tareas de consultoría y remoción de cascos hundidos, pero no en obras de saneamiento. 
El trabajo de la AGN critica la gestión del Comité Ejecutor Matanza Riachuelo, que nunca fue constituido como autoridad de cuenca ya que no se le delegaron funciones de ningún tipo: "no habilita, no sanciona, no certifica", señala. Además, no se le otorgó poder de policía para evitar la contaminación. 
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